Fecha edición: 10-09-2005

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La Corte Suprema decidió acumular todas las causas de la ex Colonia Dignidad en manos del ministro Jorge Zepeda.

Asólo 48 horas de encomendársele la investigación en la querella por asociación ilícita contra la ex Colonia Dignidad, el ministro de fuero Jorge Zepeda tomó una drástica decisión y revocó los procesamientos que dictó por este ilícito la jueza de Parral Jimena Pérez Pinto. Las encargatorias de reo habían sido resueltas el 5 de septiembre pasado, e iban contra cuatro de los ex líderes del enclave: Paul Schäfer, Harmut Hopp, Gerhard Mucke y Gerd Seewald.

En su resolución, el ministro Zepeda cuestionó severamente el proceder de la jueza Pérez. Uno, por procesar usando compulsas (fotocopias de expedientes) que él estimó "extemporáneas", pues se obtuvieron cuando los originales estaban en la Corte Suprema para el análisis de la petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de otorgar dedicación exclusiva a la jueza. Dos, porque al faltar la firma del secretario las copias no serían legales, lo que daría paso a la nulidad de lo actuado.

El ministro Zepeda también manifestó su extrañeza de que la jueza haya comunicado el procesamiento a Gendarmería 24 horas después de adoptarlo. Así, los encausados que estaban en la cárcel por otros procesos fueron notificados durante la tarde del 6 de septiembre, cuando la Suprema ya había resuelto traspasar al ministro Zepeda la investigación por asociación ilícita.

El CDE, que inició la querella en Parral y llevó adelante la acción por los procesamientos, anunció que apelará y anoche presentó una queja disciplinaria contra el juez. El CDE estima que para decidir él se basó sólo en elementos formales. Sin embargo, fuentes cercanas al magistrado indicaron que él sí consideró los antecedentes y, tras analizar el procesamiento, estimó que éste no contenía elementos ni sospechas fundadas de los ilícitos.

El citado fallo se centró en el año 1961, sosteniendo que la ex Colonia Dignidad se amparó en un propósito benefactor y que desvió sus fines, transgrediendo la normativa laboral, tributaria y quebrantando el ordenamiento jurídico de Chile. Las fuentes enfatizan que ese razonamiento no considera que la personalidad jurídica le fue cancelada en la década de los 90 y que luego hubo una reorganización de las empresas, que incluso generaron negocios con el Estado. Agregan que la intención del ministro es investigar esta veta por sí mismo y que luego decidirá si corresponde procesar. Que cuente con la confianza de la Corte Suprema, que lo designó para indagar todas las aristas de la ex Colonia salvo los abusos sexuales, le da tranquilidad.

Otras razones

Pero no sólo consideraciones procesales y jurídicas habría tenido el ministro para revocar la decisión de la jueza: la colaboración que estaban prestando los colonos en la causa por violaciones a los derechos humanos -y que le permitió dar con un cuantioso arsenal, restos de vehículos de detenidos desaparecidos y fichas con sus declaraciones- se paralizó completamente desde que el CDE realizó la intervención en la ex Colonia y más con los últimos procesamientos.

El juez tenía programado iniciar por esta fecha la búsqueda de restos de víctimas que habrían muerto en el enclave durante el régimen militar, para lo cual necesitaba la ayuda de testigos como por ejemplo Mucke, que fue una de las personas que participó en las exhumaciones y ya había aportado información. Ahora se evalúa postergar esa tarea, a la espera del restablecimiento de confianzas.

Al respecto, abogados del enclave ratificaron su apoyo al magistrado. Mario Ruiz Zurita declaró que "las decisiones de la jueza de Parral eran abusivas" y en referencia al juez Zepeda dijo: "Al haber una persona experta y con conocimiento a cargo del proceso, da garantía a las partes".

CDE presentó queja disciplinaria

El CDE anunció que apelará a la revocatoria de los procesamientos y anoche presentó una queja disciplinaria contra el ministro Zepeda. A juicio del organismo, el magistrado "incurrió en negligencia funcionaria al limitar" el estudio del auto de procesamiento dictado por la jueza Pérez "sólo a aspectos formales menores". Agrega que "los antecedentes de fondo que no fueron considerados son cuantiosos" y que constan "declaraciones de los mismos colonos, que no identifican sus intereses con los de la jerarquía que los manejó por décadas". El CDE también cuestionó la libertad bajo fianza dada al doctor Hopp. En opinión de la entidad, esto "le permitirá retomar el control de la Colonia e inhibirá la colaboración de los residentes con la justicia".